Morir de amor

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Un subteniente de la Policía se suicida en Sucre por “motivos pasionales”, y “se presume homicidio culposo de la Miss El Alto”. Las razón para lo anterior es que ella decidió terminar la relación, y se asume que “pudo evitar el suicidio” porque él la llamó ese momento.

Es lo mismo que hicieron muchas mujeres víctimas de feminicidio cuando escogieron dejar a sus parejas y continuar sus vidas hasta que se las arrebataron quienes decían amarlas y no poder vivir sin ellas. Pero hay otra etapa y otra cara de la violencia y de esa falsa idea de amor: la manipulación y chantaje emocional que ejerce el agresor para evitar que la mujer lo abandone. No hay salida aparente: la mata o se mata haciendo que ella quede como culpable.

Nos falta desmitificar la visión romántica que envuelve a la violencia; ese imaginario que cubre de un halo de sufrimiento y transforma en víctima al amante no correspondido y, en contraposición, convierte a la mujer que lo rechaza en una “mala mujer”, insensible ante el sufrimiento ajeno. Pensamos que ella tiene que ceder a los galanteos o ruegos de amor de cualquiera que se lo demande, y se asume natural que un sentimiento como el amor tiene que ser correspondido y la pretendida debe sentirse agradecida o al menos halagada por ser “la escogida”

Todo en nuestra sociedad refuerza esa idea de amor: las telenovelas, los cuentos, las canciones, las películas, etc. Amores heterosexuales, monogámicos y una total pasividad de las protagonistas son la receta para ser recompensadas con el final feliz. Los varones no escapan de ese régimen emocional. En estos tiempos, el amor se ha transformado en el único ideal que justifica el sacrificio, la sumisión y permanencia de una persona en una mala relación, con la promesa de que un día llegue, como premio a su constancia, su redención.

Algunas notas de prensa y comentarios en redes sociales pretenden responsabilizar a la exnovia de la decisión del suicida, y ponen en tela de juicio su conducta de mujer que no cede a la manipulación emocional, que subvierte el esquema en que está privada de rechazar, de escoger y decidir. En el fondo, incomoda la mujer que elige no autosacrificarse en una relación que ya no la satisface. Este episodio devela esa otra cara de la violencia y los privilegios de género en la concepción de relaciones de pareja que continúan saldándose mayoritariamente con la vida de las mujeres. Mientras esta noción de amor no cambie, creo que es mejor morir que matar en nombre de el amor.

Publicado el 26/05/2017 en Opinión:  http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0526/noticias.php?id=220368

 

Falsa despenalización

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Estos días se encuentra en gran debate la supuesta despenalización del aborto en el proyecto de Código Penal. Los grupos denominados provida y otros sectores de la sociedad se han pronunciado y anuncian marchas junto con las iglesias —principalmente la católica— condenando el proyecto, mientras que organizaciones femeninas y movimientos ciudadanos también lo hacen a favor.

Sin embargo, pocos y pocas han leído lo que dice realmente el proyecto de Código Penal que se discute, lo que desgasta inútilmente la polémica y las acciones anunciadas. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: la propuesta planteada lo único que sugiere es la ampliación de las causales de aplicación del aborto impune. Esto significa, para sosiego espiritual de unos, que el aborto sigue y seguirá siendo considerado un delito en nuestro país; pero, además, que ahora se abren las puertas para someter a un proceso cuasi judicial a las mujeres que pudieran pretender acogerse a alguna de las causales contempladas en esa figura, pues tendrán que justificar y convencer a sus juzgadores de la legitimidad y validez de los motivos o situaciones que las llevan a tal medida.

Como se puede ver, la discusión sobre si el óvulo fecundado tiene vida o puede ser considerado persona con derecho ya no tiene cabida. La legislación ha determinado que no. Lo que ahora se revela más crudamente es que lo que ha estado y está en juicio es la autonomía del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, o su “moralidad”.

He realizado varias investigaciones con mujeres que se han sometido a un aborto, y ninguna de ellas lo considera agradable. Muchas lo hubiesen evitado de haber tenido alternativas. El aborto no es un derecho, pero sí una necesidad en una sociedad en la que los embarazos no deseados no son fruto de una mera relación sexual —violenta o concertada—. Se trata más bien de un punto culminante del ejercicio estructural de violencia que ejerce la sociedad sobre las mujeres, la misma que desde la infancia les enseña a ser sumisas y les asigna roles de género, entre ellos la maternidad; les niega información sobre su salud sexual y reproductiva; continúa privándoles el acceso a métodos anticonceptivos eficaces; y finalmente las condena a continuar con un embarazo no deseado o someterse a un aborto clandestino en el que, si no tienen recursos, pueden perder la vida. Por eso, el aborto se debe despenalizar; pero de verdad.

publicado en opinión el 12/05/2017 http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0512/noticias.php?id=219009

Estigma, enfermedad y muerte

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A todos nos queda clara la relación estrecha de la salud con la vida profesional, social y familiar. Esto nos lleva a exigir, además de mejores servicios, un abordaje integral de las políticas de salud, basado en la interconexión entre los derechos humanos al trabajo, a la alimentación, a la salud y a la vida. Pero existe otra variable, generalmente invisible y por tanto ignorada, en la lucha contra las enfermedades, de la que me gustaría hablar: el derecho a no ser discriminados.

La discriminación emerge del estigma o etiqueta que se atribuye a una persona o grupo de personas en función de su raza, credo, orientación sexual, trabajo, etc. Busca degradar la condición de persona y marginarla del grupo social. El estigma despoja de derechos a quien lo porta, y lo deja vulnerable a diferentes formas de violencia.

El estigma está presente en el suicidio de tres trabajadoras sexuales por un diagnóstico positivo de VIH que no estaba confirmado, pasando por personas que son echadas de sus hogares o abandonadas en centros de salud, hasta llegar a aquellas personas que prefieren morir antes que hacer pública su enfermedad, porque se consideran culpables antes que víctimas de ella.

Sí, le tenemos miedo a la enfermedad. Para muchos, es casi sinónimo de muerte. Por eso nos obsesionamos en buscarle una causa y un significado, proceso que generalmente finaliza en la conclusión de que se trata de una especie de castigo o maldición. De ahí surgen la culpa y la vergüenza.

En palabras de Susan Sontag, la propia reputación —o imaginario— que se construye de la enfermedad aumenta el sufrimiento de quienes la padecen, arrastrándoles a escenarios de abandono familiar y social, y a cuadros de depresión que terminan por minar su salud emocional y psicológica, hasta que las personas sufren más por pensar en su enfermedad que por la enfermedad misma.

Estigma, discriminación, abandono y soledad no son consideradas entre las causas de mortalidad en nuestro país. Pero, quien ha visitado un hospital público o conocido personas con enfermedades crónicas puede dar fe de que así es. Estas causas son peligrosas porque son socialmente transmisibles, por eso es importante visibilizarlas y afrontarlas.

Publicado en Opinión el 31/03/2017:  http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0331/noticias.php?id=215309

dignificación vs. criminalización

vin-des-incas-2-1024x404El monitoreo de cultivos de coca de julio de 2016 establece que, al 2015, se tenían 20.200 hectáreas, quedando un margen de 1.800 hectáreas a legalizar, de acuerdo a la ley. Pero la ley beneficiará con los nuevos límites legales a los cocaleros del Chapare que, como dato referencial, tenían en ese momento 6.000 hectáreas que ahora podrán elevar a 7.700, mientras que los productores de Yungas podrían incrementar sus 14.000 a 14.300.

Otro dato llamativo es que el rendimiento promedio anual de hoja de coca (secada) es de 2.047 y 2.764 kilos/hectárea en las zonas productoras de Cochabamba. Eso es aproximadamente el doble de lo que se produce en La Paz, entre 1.037 y 1.250 kilos/hectárea. Si bien nominalmente la superficie de cultivos es mayor en zonas tradicionales, la producción del Trópico de Cochabamba superará fácilmente a aquellas.

Se estima con estas cifras una producción de 35.100 toneladas a nivel nacional, correspondiendo 18.300 toneladas métricas a La Paz y 16.600 toneladas métricas a Cochabamba, de las cuales se registraron por los mercados legales 19.615 y 1.586 toneladas métricas, respectivamente. Los datos de la tasa potencial de producción en el caso de La Paz son inferiores a los registros que se tienen, y hacen notar la necesidad de actualizar estudios y metodologías de cálculo de la producción, mismos que son determinantes para establecer políticas más justas y eficaces.

La nueva ley no se respalda en un estudio o evidencia técnica que le dé sostenibilidad al objetivo que se plantea. Peor aún, el incremento de hectáreas es fruto de la negociación con sectores movilizados. El Gobierno expone así sus debilidades en el manejo de conflictos: la represión de quienes —sin importar la legitimidad de su demanda— considera minorías opositoras que intentan desestabilizarlo o la negociación incondicional con sectores afines como cooperativistas mineros o, en este caso, cocaleros.

Una norma que responde a las urgencias coyunturales del Gobierno y no a la realidad, lejos de dignificar —como se pretende— al productor, incrementa su estigmatización. Además, es de temer que estas concesiones a un sector terminen por poner toda la carga en las políticas y normas orientadas a la interdicción, incrementando la vulneración de los derechos humanos y agudizando la crisis en sistemas penitenciarios saturados por personas procesadas por narcotráfico o delitos conexos.

publicado en Opinión el 03/03/2017 :http://www.opinion.com.bo/movil/index.php?id=212969

Oficiantes de injusticia 

Cuanta rabia e impotencia nos genera el saber que jueces y juezas van dejando en libertad a violadores, feminicidas, asesinos que una vez libres vuelven a delinquir, se dedican a intimidar a los denunciantes y sus familias, a sobornar o amenazar y como en pasados días a “vengarse” de sus denunciantes. 
Duele y no tiene que dejar de hacerlo el saber que ustedes señores y señoras encargados de la justicia son más criminales que aquellos a quienes liberan, porque en sus manos está el poder evitar esos delitos, sancionarlos y no dejarlos en la impunidad, proteger…en fin nada de eso cuenta cuando se prefiere hacerse al ciego por algunos pesos, por librarse del trabajo o agarrarse mañosamente de algún vacío legal o interpretación jurídica que sirva de coartada a su indiferencia, pero no a su conciencia. 
Hoy quiero recordarles –porque lamentablemente olvidamos pronto en la vorágine de la comunicación y la violencia– al joven Javier Canchi asesinado cruelmente y sus padres mendigando para contratar los servicios de un “profesional de la justicia”. Erika Tejada en otro tiempo, pero en el mismo lugar, deja libres a los presuntos violadores de una niña de 12 años. En este caso al menos la denuncia y la indignación social obligaron al Fiscal General a intervenir y al revisar el caso, determinaron destituirla. Me pregunto si es sanción suficiente. 
En La Paz, otorgaron medidas sustitutivas a tres jóvenes acusados de violación quienes al ser puestos en libertad fueron a apuñalar al padre de la víctima hasta matarlo delante de su familia. Sergio Quispe deja nueve niños en orfandad. ¿Qué se debería hacer en estos casos? ¿Cuál la responsabilidad de las y los abogados frente a esa familia, la sociedad y ante la justicia? 
Aclaro que no creo que la justicia deba ser prioritariamente punitiva. No creo que llenar las cárceles de gente –menos si son jóvenes– sea la solución; pero algo estamos haciendo mal y no puedo pensar en ello sin que se me haga un nudo en la garganta y saben por qué, porque creo que el problema no está en las leyes, sino en las personas que las interpretan y las administran. El mal está en nosotros y no se puede aniquilar el mal, eliminando al presunto culpable. 

Políticas y poéticas del olvido


El 15 de enero pasado, las familias, compañeros y amigos de Arcil Menacho, Jorge Baldiviezo, Gonzalo Barrón, Pepe Reyes, Luis Suárez, Ricardo Navarro, Artemio Camargo y Ramiro Velasco se reunieron para rendirles un homenaje en el memorial del cementerio y recordar aquella masacre que hace 36 años segó sus vidas en un domicilio de la calle Harrington. 
Pero, el lugar donde habitan nuestros muertos está hecho de espacio y de memoria. Un lugar sin un recuerdo está vacío, deshabitado, no dice nada a nadie; un recuerdo sin un lugar que lo cobije es una herida abierta en las personas que va a heredarse, tal vez no “como verdaderamente ha sido”, sino como persiste en quien recuerda, porque hasta las heridas y escisiones en el tiempo se convierten en parte de ficción. 
Por eso, los lugares, los cuerpos, las imágenes, recuerdos y palabras actúan como testimonios para recuperar la memoria histórica, en un momento en que las instancias estatales, en nombre de la “reconciliación” o la “amnistía”, deciden condenarla para siempre al olvido.  
Es cierto que, con el transcurso de los años, muchos archivos que podrían arrojar luz sobre lo ocurrido durante las dictaduras han sido destruidos o saqueados a fin de evitar que la acción de la justicia alcance a los responsables; pero tal eventualidad tampoco debería ser impedimiento para levantar la confidencialidad de los archivos pasados, presentes y futuros en Bolivia. 
Hace unos meses, la Cancillería anunció la desclasificación de documentos diplomáticos de 1966 a 1979. Este gesto, plausible por un lado, acentúa el hecho de que la política de Estado del MAS continúa amparando el secreto de los archivos de las Fuerzas Armadas, cuya publicación es la única garantía de que el pasado no se repita. 
Los registros son el vehículo de la narrativa del poder que mutila, tortura y entierra para urdir una historia “oficial” a medida de sus intereses; pero ante ella otra voluntad se abre paso a través del tiempo y mediante la mirada busca combatir el olvido y superar la oscuridad impuesta.
El papel así como la tierra se transforma en superficie de apariciones y desapariciones. Los documentos, archivos y registros clandestinos, devienen en una nueva forma de prisión y desaparición. 

Publicado el 20/01/2017 en: http://www.opinion.com.bo/movil/index.php?id=209790  

Agua y Dakar 

Ilustración tomada de: @territoriosenresistencia 


El 2016 fue el peor año del Gobierno del MAS, primero por la agudización de sus desviaciones ideológicas siendo esencial la contradicción entre un discurso de promotor de los derechos de la madre tierra y un accionar que desnuda el rostro más duro del defensor del extractivismo. Segundo, porque los efectos del pragmatismo político empiezan a evidenciarse en los casos de corrupción, la crisis hídrica a nivel nacional, fruto de la improvisación y falta de previsión de las autoridades del sector, y el resquebrajamiento político del MAS después de su derrota en el referéndum del 21 de febrero.
No obstante, el 2017 no empieza mejor por la absurda decisión del Gobierno de continuar con el Dakar. Como autoridades y también como ciudadanos, debemos tener claro que no es coherente preocuparse por la falta de agua y, a la vez, apoyar la realización de actividades de espectáculo millonarias que nada sustancial aportan a la solución de los problemas (salud, agua o basura por ejemplo) de nuestra ciudad o país, aunque ciertamente, oxigenan el ambiente político y pueden distraer la atención de temas de fondo. Como siempre: pan y circo para el pueblo es la fórmula que en Bolivia se reedita como “agua y Dakar”; aunque el agua sea distribuida por cisternas y este evento haya sido duramente cuestionado desde el punto de vista económico y político.
La reticencia de otros países a que el Dakar pase por su territorio es prueba suficiente de que el rédito económico es menor al impacto que genera y en el caso de La Paz muchos hoteles, restaurantes y centros comerciales están trabajando con su capacidad mermada por los racionamientos y ni siquiera fueron considerados por los organizadores que han previsto instalar campamentos en las ciudades de Potosí, Oruro y La Paz.
Y hay quienes a estas alturas piden a los vecinos no protestar, exhortan a cuidar “la imagen del país”, invitan a callar la molestia ante los visitantes, y acusan de antipaceños a quienes no se conforman con recibir agua cada tres días mientras el Gobierno invierte cuatro millones de dólares tan solo en la franquicia del Dakar. Existe una ausencia de crítica de todas las autoridades nacionales y locales al respecto y una ingenua y triste sumisión ante la idea de “imagen”.

Publicado el 6/01/2017 en Opinión: http://www.opinion.com.bo/movil/index.php?id=208634