El monitoreo de cultivos de coca de julio de 2016 establece que, al 2015, se tenían 20.200 hectáreas, quedando un margen de 1.800 hectáreas a legalizar, de acuerdo a la ley. Pero la ley beneficiará con los nuevos límites legales a los cocaleros del Chapare que, como dato referencial, tenían en ese momento 6.000 hectáreas que ahora podrán elevar a 7.700, mientras que los productores de Yungas podrían incrementar sus 14.000 a 14.300.
Otro dato llamativo es que el rendimiento promedio anual de hoja de coca (secada) es de 2.047 y 2.764 kilos/hectárea en las zonas productoras de Cochabamba. Eso es aproximadamente el doble de lo que se produce en La Paz, entre 1.037 y 1.250 kilos/hectárea. Si bien nominalmente la superficie de cultivos es mayor en zonas tradicionales, la producción del Trópico de Cochabamba superará fácilmente a aquellas.
Se estima con estas cifras una producción de 35.100 toneladas a nivel nacional, correspondiendo 18.300 toneladas métricas a La Paz y 16.600 toneladas métricas a Cochabamba, de las cuales se registraron por los mercados legales 19.615 y 1.586 toneladas métricas, respectivamente. Los datos de la tasa potencial de producción en el caso de La Paz son inferiores a los registros que se tienen, y hacen notar la necesidad de actualizar estudios y metodologías de cálculo de la producción, mismos que son determinantes para establecer políticas más justas y eficaces.
La nueva ley no se respalda en un estudio o evidencia técnica que le dé sostenibilidad al objetivo que se plantea. Peor aún, el incremento de hectáreas es fruto de la negociación con sectores movilizados. El Gobierno expone así sus debilidades en el manejo de conflictos: la represión de quienes —sin importar la legitimidad de su demanda— considera minorías opositoras que intentan desestabilizarlo o la negociación incondicional con sectores afines como cooperativistas mineros o, en este caso, cocaleros.
Una norma que responde a las urgencias coyunturales del Gobierno y no a la realidad, lejos de dignificar —como se pretende— al productor, incrementa su estigmatización. Además, es de temer que estas concesiones a un sector terminen por poner toda la carga en las políticas y normas orientadas a la interdicción, incrementando la vulneración de los derechos humanos y agudizando la crisis en sistemas penitenciarios saturados por personas procesadas por narcotráfico o delitos conexos.
publicado en Opinión el 03/03/2017 :http://www.opinion.com.bo/movil/index.php?id=212969
La chispa adecuada... 